ESTUDIO SOBRE LOS
ANTERIORES PROCESOS DE PAZ Y EL ACTUAL
Enrique
Gómez Hurtado y Brigadier General (R) Adolfo Clavijo
1.- REALIDAD DEL CONFLICTO INTERNO
Qué lo genera:
La pretensión
comunista de tomarse el poder.
Cuál es su verdadera naturaleza:
Político –
Ideológica.
Qué lo concreta:
Un proyecto
de toma del poder.
Qué lo promueve y lo patrocina:
El comunismo
internacional; la COMINTER; el Foro de São Paulo; algunos gobiernos de la
región; el Partido Comunista Colombiano; otros movimientos y políticos de la
izquierda radical; ONG de izquierda y colectivos de abogados.
Qué estrategias lo sustentan:
En el campo armado:
Acciones de
fuerza como el terrorismo y violencia generalizada, en todas sus formas.
En el campo político:
Conspiración,
intimidación, agravios, desprestigio del Estado, afrentas jurídicas,
debilitamiento de los organismos de seguridad.
Quiénes son sus actores:
Se trata de
un proceso subversivo conformado por dos autores: Uno armado (Farc y Eln,
encargados del accionar violento) y otro político – jurídico (ONG encargadas de
la conspiración, y colectivos de abogados comprometidos con las falsas
denuncias). Este segundo componente cuenta con apoyos externos.
Qué lo apoya económicamente
El
narcotráfico, los secuestros y las extorsiones.
Qué facilita su subsistencia; incongruencias:
·
El mal manejo que el Estado le ha dado a la
confrontación. La laxitud (debilidad del Estado para enfrentar con todas sus
fuerzas a sus agresores).
·
El mal manejo de las relaciones exteriores en la
lucha contra el proceso subversivo; ignorar la guerra política y la guerra
jurídica; suspensión de operaciones; insensatez en los procesos de paz.
·
Pésimo diagnóstico del problema. Para ningún
efecto, relacionado con la Seguridad Nacional, se ha analizado el proyecto que
pretende hacerse al poder en Colombia ni la injerencia de ideologías y fuerzas
extrañas para alcanzar este objetivo.
·
Pésima apreciación de la realidad del conflicto;
pésimo manejo de las negociaciones de paz; respuesta parcial a las afrentas;
desdeñar el concepto y la asesoría de militares en asuntos de paz;
desarticulación estatal; ambivalencia del sector privado; juego doble de
algunos políticos; injerencia externa.
Instrumentos de los cuales carece el Estado para
enfrentar el conflicto:
Política de
Estado (no existe una Ley de Seguridad y Defensa Nacional ni una Estrategia
Integral que comprometa a todo el Estado a trabajar en función de la Seguridad
Nacional).
2.- PROCESOS DE PAZ ANTERIORES. RESULTADOS
Casaverde:
Fracaso.
Fortalecimiento de las Farc
M-19, EPL, Quintín Lame, PRT:
Cometido y
cumplido. Desmovilización de estos grupos. Constitución de 1991.
Cravo Norte, Caracas, Tlaxcala:
Fracaso.
Postración del Estado
Caguán:
Fracaso.
Fortalecimiento de las Farc. Debilitamiento del Estado.
Maguncia:
Fracaso.
Desprestigio del Estado.
Con los paramilitares:
Se logró un
acuerdo muy relativo; deficiente. Transformación de las autodefensas en Bacrim
que siguieron con la violencia que se pretendió erradicar.
3.- ERRORES IMPERDONABLES DEL ESTADO EN EL MANEJO
DE LOS PROCESOS
Actitudes gubernamentales:
Improvisación,
descoordinación, ingenuidad (creerles a las Farc), ignorancia (desconocimiento
de las intenciones de la contraparte en los procesos).
Desaciertos crasos:
Cederle la
iniciativa del proceso a la guerrilla. Hacer despejes, dejarse imponer la
agenda, permitir la participación de gente afín a la guerrilla; no exigir
suspensión de actos criminales; no imponer cese del narcotráfico; no demandar
desmovilizaciones; dejarse presionar por políticos; emplear comisionados y voceros
ingenuos e inexpertos en esta clase de negociaciones; creerles a personas nada
confiables.
Apreciación equivocada:
Considerar
que si las guerrillas se desmovilizan se termina el peligro de que Colombia sea
presa del comunismo.
4. ANÁLISIS DEL “ACUERDO GENERAL PARA LA TERMINACIÓN
DEL CONFLICTO Y LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PAZ ESTABLE Y DURADERA”
(Documento
suscrito entre el Gobierno y las Farc en La Habana el 23 de febrero de
2012).
Características del documento:
Al parecer
fue escrito en su totalidad por las Farc. Los términos, el estilo, los puntos
de vista sobre el conflicto, las aspiraciones, las pretensiones, las ideas, las
exigencias, los planteamientos, etc., son los mismos que esa organización ha
sacado a flote en otras ocasiones.
Derechos que otorga el Acuerdo:
Todos, o casi
todos, a favor de las Farc. El Acuerdo contiene derechos y garantías para esa
agrupación (y seguramente para el Eln también) en lo político (amnistías,
indultos y cargos públicos, entre otros); en lo económico y en lo social; en lo
jurídico (perdón y olvido); y en lo atinente a la seguridad de los miembros de
ese grupo. Es la aplicación concreta de la Ley Transicional o Marco Jurídico
para la Paz, concebido específicamente, al parecer, para este propósito.
Deberes que impone el Acuerdo:
Todos, o casi
todos, bajo responsabilidad del Gobierno que tiene que garantizar el ejercicio
de la oposición política de las Farc; establecer mecanismos de participación de
ese grupo en la vida de la Nación; expedir medidas que promuevan su
participación en la política nacional, regional y local. Además, el Gobierno
debe incrementar sus acciones represivas contra las organizaciones criminales
(¿?), la corrupción y la impunidad; y, expedir reformas y ajustes que
favorezcan a ese grupo.
Justicia Penal Militar y Fuero:
No se
mencionan en el Acuerdo. Siguen en peligro de desaparecer si se aprueba la
Reforma que cursa en el Congreso como Proyecto 16 del Congreso y 192 de la
Cámara. Los términos de esta Reforma satisfacen los deseos de venganza de las
Farc contra las Fuerzas Militares.
Políticas de desarrollo agrario:
Tácitamente,
el Acuerdo hace alusión a la Ley de Víctimas y Tierra, a la Ley de Desarrollo
Rural y a la Ley de Restitución de Tierras con disposiciones que el Gobierno
debe cumplir, incluso en salud, educación, vivienda y erradicación de la
pobreza.
Narcotráfico:
El Acuerdo se limita a disponer, en forma
sutil, que el Gobierno cumpla programas de sustitución de cultivos y de
prevención del consumo. No dice nada sobre abandono definitivo y total del
narcotráfico que manejan las Farc.
Participantes en el Proceso de Paz:
Además del
Gobierno y las Farc, participarán Cuba, Venezuela y Noruega (este país estuvo
representado en el proceso de El Caguán y no generó confianza). Ninguno de esos
tres países garantiza intervenciones imparciales. Tampoco es confiable el
acompañamiento internacional que propone el Acuerdo.
Otros intervinientes:
Dice
textualmente el documento: “En las sesiones de la Mesa participarán hasta 10
personas por delegación, de los cuales hasta 5 serán plenipotenciarios quienes
llevarán la vocería respectiva. Cada delegación estará compuesta hasta por 30
representantes”. Esto presupone el mismo fracaso de El Caguán, en donde la intervención
masiva de delegaciones, organizaciones, comités , grupos políticos y muchas
personas contribuyó al fracaso de ese proceso. Tampoco favorecen al propósito
de paz las consultas a terceros.
Estos puntos
buscan, veladamente, la injerencia de la izquierda política, nacional y
extranjera, en el desarrollo del Proceso, lo cual acabaría por inclinarlo hacia el lado de las Farc.
Logística:
El Acuerdo le
ordena al Gobierno sufragar los recursos para el funcionamiento de la Mesa, o
sea, del Proceso. Esta función pecuniaria es, prácticamente, la única autonomía
que tiene el Estado en este encuentro.
Riesgo 1:
Como en todos
los contactos de los gobiernos con la guerrilla, sólo se habla de la
desmovilización de ésta, sin tener en cuenta que la principal amenaza que tiene
Colombia es la pretensión comunista de tomarse el poder para no soltarlo y
llevar al país a la situación que viven los países en los que este modelo
antidemocrático asumió el poder. La desmovilización de las Farc les cierra el
acceso al poder por la vía armada, pero si el proceso de paz sigue estando mal
conducido, como hasta ahora, se le abren al comunismo otros caminos para que al
fin logre su objetivo de hacerse a las riendas del Estado.
Riesgo 2:
Que el
proceso subversivo (ONG y grupos armados) esté empleando el proceso de paz como
una estrategia especial para avanzar en sus propósitos de asumir el poder del
Estado y no como un camino para que las Farc se desarmen y se reincorporen a la
sociedad.
Conclusiones del Acuerdo:
Tal como está
concebido, el Acuerdo:
1.
Pone en peligro la democracia.
2.
Puede conducir a una paz estable y duradera pero
bajo un régimen comunista.
3.
Les causa detrimento a las instituciones, en
especial a los organismos de seguridad del Estado.
4.
Los términos del Acuerdo no generan ninguna
confianza entre quienes lo conocen a fondo y conocen las habilidades de la
izquierda radical y las debilidades y los afanes del Gobierno.
5.
Continuación del conflicto pero con las Farc más
fortalecidas como pasó anteriormente.
Errores que se perciben en el Acuerdo:
·
Que la agenda no haya sido elaborada
exclusivamente por el Gobierno. La iniciativa siempre debe ser oficial.
·
En el Acuerdo no se visualiza un estudio
detallado del Gobierno que indique qué se va a exigir y qué se va a otorgar ni
la preparación de políticas y estrategias para el Proceso.
·
Intromisión de organizaciones que pueden desviar
los propósitos del Gobierno y conducir a otra frustración. Una vez se inicie el
contacto no se deben emplear facilitadores, mediadores ni nada por el estilo.
Exigencias estatales:
El Gobierno
ha debido exigir categóricamente el desmonte del Movimiento Bolivariano, MB;
del Partido Comunista Colombiano Clandestino, PC3; del Secretariado; de los
frentes, columnas y cuadrillas; de las etapas y procesos del narcotráfico; de
las milicias en todo el territorio nacional; de los motines en las ciudades y
bloqueos de vías. Además, ha debido requerir información sobre áreas o sitios
de campos minados.
Lo inconcebible e increíble:
Que se le
haya despejado el camino jurídico a las Farc con el Marco Legal para la Paz y
al mismo tiempo se le haya cerrado a las Fuerzas Militares con el Proyecto de
Acto Legislativo N° 192/12 de la Cámara y -016/12 del Senado, por el cual se
reforman los artículos 116, 152 y 221 de la Constitución Nacional. Con este
Acto Legislativo se reduce al mínimo la competencia de la Justicia Penal
Militar y se entierra para siempre el Fuero Militar.
Precauciones fundamentales que el Gobierno debe tener en cuenta:
·
Evitar 1) Que la negociación facilite la toma
del poder por otros conductos distinto al empleo de la fuerza. 2) Que los que
se negocie resulten ser instrumentos para sustituir nuestra democracia.
·
Que de acuerdo a la forma como se busca lo que
se quiere, se obtiene o no se obtiene lo que se busca.
·
Que un proceso de paz es un partido sin
revancha; el ganador se lleva todo y el perdedor cae en desgracia.
Visto lo
anterior tendremos que atenernos a las consecuencias.
