Evasivas

He estado leyendo el libro del General Mora, quiere lavarse las manos sobre su menesterosa actuación en La Habana donde, si hubiese sido razonable como se pinta, debería haberse retirado o defendido a capa y espada sus tesis y principios ante las indebidas injerencias de Sergio Jaramillo, enviados fuera de contexto para lograr acuerdos clandestinos tras bambalinas, torciéndole el pescuezo a los negociadores, engaños conocidos que ahora trata de confesar sobre las actuaciones tramposas de Santos y la debilidad suya y de los negociadores del gobierno que, no solo se dejaron apabullar sin razón alguna, sino que propiciaron un acuerdo mas allá de lo debido.

No voy a entrar en detalles sin acabar de leerlo; pero desde la negociación “agridulce”, como califica Mora el primer punto sobre tierras, destapa de una vez cual sería el final del acuerdo, desde el desayuno se sabe como será el almuerzo. Este punto está lleno de falencias, pero la más grave es la pérdida de seguridad jurídica que espanta posibles inversores en el campo, donde Colombia tiene gran futuro. La aplicación de las Zidres, la unidad de restitución de tierras URT, las unidades agrícolas familiares UAF, los procedimientos de expropiación, el desprecio manifiesto a la ganadería dizque por contaminante e inútil, la intervención otorgada a las Farc para la distribución de tierras en zonas de conflicto, solo para mencionar algunas, tiene tantas cortapisas jurídicas que aterrorizan a cualquier inversionista de buena fe, y dificulta las posibilidades de asociación con campesinos en áreas como la Altillanura donde hay posibilidades de inmenso desarrollo, en Urabá para el cultivo de palma africana de nueva generación y, otros, que requieren gran volumen de recursos económicos y de tecnología casi imposibles de implementar por parte de entidades gubernamentales a favor del campesino raso, sin la participación de quijotes particulares dispuestos a arriesgar grandes capitales.

No es necesario ser propietario de las tierras para desarrollar proyectos agrícolas de gran aliento y envergadura, pero sí estabilidad y seguridad jurídica para los poseedores de la tierra y el inversor. Cualquier proyecto de este tipo, requiere costosas obras de infraestructura solo rentables si se tiene el tiempo necesario para recuperar el capital en ellas invertido; así los hay en Argentina, Uruguay y Brasil; sé de algunos que abarcan las cien mil hectáreas, cuyas tierras obviamente no pertenecen a una sola persona o empresa, pero que, debidamente apalancados jurídicamente, han permitido su desarrollo. En menor escala, en Colombia, los ingenios azucareros tampoco son dueños de las extensiones de tierra necesarias para la producción de caña que requieren, pero le compran a cientos de pequeños y medianos agricultores a los que les brindan asistencia técnica y hasta los ayudan financieramente si es necesario.